Por Nelson Santana y Emmanuel Espinal
1 de diciembre de 2025
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El 25 de noviembre no es una fecha cualquiera. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado en memoria de Las Hermanas Mirabal —Minerva, Patria y María Teresa—, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Trujillo. Desde entonces, organizaciones en todo «16 Días de Activismo», que culmina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Ese arco temporal recuerda una verdad esencial: la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos.
ESENDOM se suma con una serie especial de 16 entregas —una por día— para nombrar, recordar y exigir. Honramos a Mamá Tingó (Florinda Soriano Muñoz), lideresa campesina asesinada por defender la tierra; a Lucrecia Pérez Matos, migrante dominicana asesinada en España en un crimen de odio; y a casos recientes que movilizaron conciencias como Emely Peguero. No son estadísticas: son vidas, familias y comunidades marcadas por femicidios, agresiones, impunidad y desprotección institucional.
Nuestra apuesta es clara: la violencia contra las mujeres debe cesar. Durante estos 16 días, ofreceremos perfiles breves, contexto histórico, claves legales y llamados a la acción para que cada lectura se convierta en memoria activa y compromiso ciudadano. Te invitamos a leer, compartir, educar y exigir políticas efectivas de prevención, protección y justicia.
Porque recordar es un acto de amor y de responsabilidad. Por ellas y por todas: ni una menos.
Esta serie no establece un ranking. El orden responde a criterios editoriales y cronológicos. Honramos a cada mujer con igual respeto. La violencia contra las mujeres debe cesar.
Rosaura Almonte «Esperancita»: cuando una vida de 16 años quedó atrapada entre la ley y la medicina
Serie ESENDOM «16 días por ellas» (25 de noviembre–10 de diciembre)
Introducción
El 17 de agosto de 2012 murió Rosaura Almonte Hernández, conocida como «Esperancita», una adolescente de 16 años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda y embarazada de siete semanas. Su caso se convirtió en un referente doloroso: entre protocolos médicos que requerían tratamiento inmediato y la prohibición absoluta del aborto en República Dominicana, la quimioterapia se retrasó casi tres semanas. Organizaciones de mujeres, su familia y juristas sostienen que, de existir un marco legal con tres causales (riesgo de vida/salud materna, violación o incesto, inviabilidad fetal), su vida pudo haberse salvado. Más de una década después, su nombre sigue interpelando al sistema de salud, al Congreso y a toda la sociedad.
Por qué es relevante hoy
La historia de Esperancita evidencia que la violencia contra las mujeres incluye violencia institucional: decisiones, temores y vacíos normativos que retrasan o impiden tratamientos vitales. En el marco del 25 de noviembre al 10 de diciembre, su caso subraya que los derechos reproductivos, la autonomía médica y la protección de niñas y adolescentes son asuntos de salud pública y derechos humanos. Señalar que una interrupción temprana del embarazo pudo evitar su muerte no es retórica: es una realidad clínica que obliga a prevenir tragedias similares. Su caso está actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el debate del Código Penal permanece estancado.
Qué la convierte en símbolo
Su muerte visibilizó fallas sistémicas que la penalización absoluta genera al paralizar decisiones clínicas en emergencias médicas. El caso catalizó un movimiento social liderado por su madre, Rosa Hernández, y otras familias que han exigido reformas para evitar más muertes por falta de opciones terapéuticas. Esperancita instaló las «tres causales» en el debate público con testimonios, datos y evidencia médica, construyendo una memoria activa: cada aniversario convoca a colectivos, academia y prensa a reflexionar sobre ética médica y deber de cuidado.
Ficha biográfica
Nombre: Rosaura Almonte Hernández («Esperancita»)
Nacimiento: c. 1996 (Los Cocos, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste)
Fallecimiento: 17 de agosto de 2012, Santo Domingo (16 años)
Diagnóstico: Leucemia linfoblástica aguda; embarazo de 7 semanas al ingreso
Tipo de violencia: Violencia institucional/estructural
Proceso judicial: Petición admitida por la CIDH en junio de 2020
Símbolo de: Articulación entre salud, niñez, derechos reproductivos y responsabilidad estatal
Biografía ampliada
El 2 de julio de 2012, Rosaura ingresó al Hospital Docente SEMMA en Santo Domingo con fiebre, dolor abdominal y debilidad. Los exámenes confirmaron leucemia linfoblástica aguda y un embarazo de siete semanas. En oncología pediátrica, el estándar es iniciar quimioterapia inmediata; en el primer trimestre, muchos protocolos consideran la interrupción del embarazo como opción terapéutica para administrar medicamentos sin compromiso fetal y maximizar posibilidades de supervivencia.
La prohibición absoluta creó incertidumbre clínica y jurídica: comités de bioética, dictámenes, interpretaciones literales de normas y temor de profesionales a sanciones penales. La familia insiste en que pidieron salvar su vida. Transcurrieron 24 días de debates institucionales antes de autorizar quimioterapia el 26 de julio, sin interrumpir el embarazo. Para entonces, el cuadro hematológico de Rosaura se había agravado. El 16 de agosto sufrió hemorragias severas y aborto espontáneo; murió el 17 de agosto por paro cardiorrespiratorio. El feto también murió.
Su madre transformó el dolor en acción: llevó el caso a tribunales, audiencias públicas y plazas, acuñando una frase sobria y contundente: «La ley dominicana le causó la muerte». Desde entonces, colectivos y académicos han documentado casos similares: Damaris Mejía (agosto 2012), Carmen Dionelys Martínez Bonilla (julio 2018), Wínifer Núñez Beato (2021), entre otras.
El país ha vivido intentos legislativos frustrados: proyectos de Código Penal con excepciones limitadas, decisiones judiciales que retroceden reformas y un Congreso sin consenso. En ese impasse, el hospital se convierte en trinchera legal, la bata en escudo jurídico, y adolescentes como Rosaura quedan sin el tiempo que la medicina necesita. Organizaciones como Women’s Link Worldwide y Colectiva Mujer y Salud acompañan el expediente ante el Sistema Interamericano, reclamando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Este caso no «promueve» el aborto: evidencia que, ante enfermedades letales en el primer trimestre, interrumpir puede ser parte del plan terapéutico —una decisión clínica e informada— para evitar muertes prevenibles. Ignorarlo no evita abortos ni cura leucemias: genera miedo, demora tratamientos y, en ocasiones, cuesta vidas.
Conclusión
Esperancita nos obliga a una conversación seria, compasiva y basada en evidencia. República Dominicana necesita un marco legal que permita al equipo médico actuar sin temor cuando la vida o salud de niñas y mujeres está en riesgo, respetando además la conciencia de las familias frente a diagnósticos devastadores. No se trata de banderas ideológicas, sino de protocolos claros, protección jurídica y tiempo clínico. En el tramo 25 de noviembre al 10 de diciembre, recordarla es comprometerse con políticas de prevención, educación sexual integral, acceso a atención oncológica y hematológica, y un Código Penal que no condene a muerte por omisión. Si algo nos deja su historia es esta certeza: un país que cuida a sus niñas no las obliga a elegir entre la ley y su vida.
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