Por Nelson Santana
8 de agosto de 2025
Read in English: The “Lesbian National Anthem” Controversy Rekindles the Debate: Is Freedom of Expression in the Dominican Republic Real—or Conditional?
Una interrogante incómoda atraviesa el diálogo público dominicano: ¿gozamos realmente de libertad expresiva en la República Dominicana, o nos encontramos bajo un régimen de «libertad condicionada» donde determinados asuntos permanecen prohibidos?
La controversia generada por la interpretación del denominado «Himno Nacional Lésbico Dominicano», creado por la escritora y activista en el exterior Yoseli Castillo Fuertes, trasciende la cuestión de los emblemas nacionales. Se convierte en un reflejo que nos compele a examinarnos como sociedad y cuestionarnos: ¿en qué punto establecemos el límite entre salvaguardar nuestros símbolos y acallar expresiones incómodas?
SANTO DOMINGO — Hagamos la pregunta que nadie quiere hacer: ¿vivimos en un país libre o en una ilusión democrática donde la libertad de expresión existe solo en el papel? El escándalo del «Himno Nacional Lésbico» no es solo sobre una poeta irreverente. Es el espejo cruel que revela una verdad incómoda: en la República Dominicana, la libertad de expresión es un privilegio condicionado, no un derecho garantizado.
El texto que desató la controversia
La composición poética —presentada en una actividad cultural— adoptó la estructura melódica del Himno Nacional para proclamar la presencia y derechos del colectivo LGBTIQ++, incorporando estrofas que combinaban orgullo identitario, denuncia social y alusiones históricas desafiantes.
En territorio estadounidense, lugar de residencia de la escritora, estas reinterpretaciones son habituales en manifestaciones artísticas y políticas. Sin embargo, en suelo dominicano, la normativa 210-19 y el artículo constitucional 33 tipifican como infracción penal cualquier modificación del himno patrio. Las instancias gubernamentales no demoraron en señalar las penalidades: hasta noventa días de reclusión y sanciones económicas considerables.
El despertar brutal de la diáspora
Yoseli Castillo Fuertes cometió el error cardinal de muchos dominicanos en el exterior: creer que la Constitución dominicana funciona como la estadounidense. Error fatal.
La Ley 210-19 existe por una razón. El artículo 33 no es una sugerencia; es ley. Alterar el himno nacional tiene consecuencias legales claras: hasta tres meses de cárcel. Estas no son leyes caprichosas; son el marco jurídico que nos rige como nación soberana.
Pero aquí está el problema: ¿por qué los dominicanos de afuera no lo saben? Porque muchos han olvidado —o nunca entendieron— qué país dejaron atrás y qué leyes lo gobiernan.
La diáspora vive en una burbuja peligrosa: importan debates y libertades que simplemente no existen aquí. Lo que en Brooklyn es performance artística, en Santo Domingo es expediente penal. Esta desconexión no es casual; es sintomática de una sociedad que exporta ciudadanos pero no educa sobre las realidades constitucionales propias.
La Constitución que no conocemos
Según el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, «Este comportamiento merece el rechazo categórico del Instituto Duartiano; procederemos conforme a la ley y daremos estricto seguimiento hasta que se obtenga una sentencia ejemplar». Gómez Ramírez indicó que formalizará una denuncia ante el Ministerio Público.
De manera semejante, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, expresó «El Ministerio Público puede actuar de oficio. Lo estoy diciendo en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, porque la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana así lo establece».
¿Cuántos dominicanos han leído realmente la Constitución? ¿Cuántos entienden que el artículo 33 protege los símbolos patrios con el mismo vigor que el artículo 49 proclama la libertad de expresión?
Aquí radica nuestra hipocresía nacional: celebramos derechos que no comprendemos y aplicamos leyes que no cuestionamos. La Constitución dominicana no es la Enmienda número uno estadounidense. No funciona igual. No protege igual. No perdona igual.
Mientras los dominicanos de afuera asumen que pueden traer sus nuevas libertades como souvenirs, los de adentro descubren que ciertos temas siguen siendo legalmente intocables: símbolos patrios, entre otros. Respetar estas limitaciones legales es cumplir con la ley que nos rige.
¿Libertad de expresión o libertad de expresión con términos y condiciones?
Seamos brutalmente honestos: en República Dominicana existe libertad de expresión... dentro del marco constitucional establecido.
Puedes criticar al gobierno (un poco). Puedes cuestionar políticas (algunas). Puedes protestar (si no molestas mucho). Pero no toques el himno. No cuestiones la moral cristiana. No desafíes la narrativa oficial de la dominicanidad.
Esta no es libertad de expresión; es libertad de expresión con licencia (o como diría el Gobierno, expresión dentro de un orden jurídico específico). Y cuando se te revoca la licencia, descubres que el Estado dominicano tiene herramientas muy efectivas para recordarte tu lugar.
El choque de mundos y el respeto a la ley
La reacción contra Castillo Fuertes fue visceral, pero también fue legalmente justificada. Representó todo lo que este país debe equilibrar: voces externas cuestionando marcos legales internos que, les guste o no, siguen vigentes.
El mensaje fue claro: «Si te fuiste, mantente en tu carril. No vengas a cambiarnos con tus ideas foráneas».
Esta xenofobia interna —dominicanos rechazando a dominicanos por ser «demasiado americanizados»— revela una sociedad profundamente insegura sobre su propia identidad. ¿Tan frágil es nuestra dominicanidad que no resiste una parodia poética?
Lo que queda claro es que las leyes dominicanas aplican a todos los dominicanos, vivan donde vivan.
La pregunta que nos define
¿Qué clase de país somos realmente?
¿Somos la democracia que proclamamos, o una sociedad que tolera la disidencia solo cuando no incomoda a las mayorías?
¿Somos el país de libertades que exportamos al mundo, o una nación donde ciertos temas permanecen blindados contra el debate?
La respuesta está en cómo tratamos a quienes nos incomodan. Y hasta ahora, la respuesta es clara: los silenciamos.
La verdad incómoda
Es cierto que la libertad de expresión en República Dominicana existe dentro de nuestro marco constitucional. Ese marco puede parecer restrictivo comparado con otros países, pero es un marco legal vigente.
Sin embargo, la libertad de expresión en República Dominicana existe con asterisco. El asterisco dice: «Términos y condiciones aplican. No válido para temas sagrados. Sujeto a aprobación moral y patriótica».
Mientras sigamos pretendiendo que somos libres cuando claramente no lo somos, seguiremos produciendo Yoseli Castillos: dominicanos que se van creyendo que dejaron un país libre y regresan descubriendo que nunca lo fue.
La pregunta persiste: ¿cuándo vamos a ser honestos sobre qué tipo de democracia que somos realmente?
Porque un país que no puede soportar una parodia de su himno tal vez no merece cantarlo con tanto orgullo.
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