Por Elena Lorac
2 de mayo, 2025
Las violentas y discriminatorias medidas del gobierno contra la comunidad inmigrante haitiana y las personas dominicanas de ascendencia haitiana fueron anunciadas el 6 de abril, una semana antes de la Semana Santa, una semana de reflexión y recogimiento espiritual para quienes profesamos la fe cristiana. Siendo el Estado y el gobierno dominicano dicen guiarse por valores cristianos, nos encontramos, entonces, ante una profunda contradicción.
El presidente Luis Abinader dictó quince medidas que violentan derechos fundamentales, entre ellos el derecho constitucional a la atención médica gratuita, que promueven la militarización y la arbitrariedad antidemocrática. Se trata de medidas que recrudecen la xenofobia institucional y estimulan el odio racial. Es inaceptable que se imponga un Observatorio de Políticas Migratorias a ser presidido por un personaje con una trayectoria de discursos anti-haitianos y discriminatorios, a nombre de la sociedad civil, excluyendo precisamente a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y los derechos democráticos y constitucionales actualmente bajo amenaza. También llama la atención poderosamente que el presidente Abinader haya designado al ex magistrado Milton Ray Guevara, autor de la sentencia inconstitucional 168-13 que convirtió a la República Dominicana en el país con mayor población en situación de apatridia del hemisferio, para promover reformas legales anti-inmigrantes.
El gobierno ha decretado este mes dos duelos nacionales, uno por la tragedia del 8 de abril en la discoteca Jet Set, y luego por el fallecimiento del Papa Francisco, quien en muchas ocasiones habló de la persecución contra las personas migrantes y condenó abiertamente las deportaciones masivas. En febrero de este año, se pronunció en los siguientes términos: “(El Papa) condena con firmeza las deportaciones masivas, señalando que estas políticas, aunque justificadas en términos de seguridad nacional, vulneran la dignidad de quienes huyen de la pobreza, la violencia y la persecución”. Precisamente el tipo de política de deportaciones masivas que ejecuta el gobierno desde el año 2021, en violación de la Constitución dominicana, la Ley de Migración 285-04 y todos los pactos y tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado dominicano.
El mismo día que falleció el Papa Francisco, el lunes 21 de abril, el gobierno detuvo a 87 mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana embarazadas y que acababan de dar a luz en los hospitales y sus alrededores. El 22 de abril, mientras iniciaba el luto oficial decretado por el gobierno, los militares sitiaron al barrio Mata Mosquito, en Friusa, y demolían con máquinas pesadas las humildes viviendas de los trabajadores que construyen los hoteles de cinco estrellas de Punta Cana. No cesaron, ni siquiera durante la Semana Santa, las redadas indiscriminadas, los allanamientos sin orden judicial, las detenciones en base al perfilamiento racial, incluso las detenciones de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana —como el caso de un joven apresado el Sábado Santo dentro de su propia casa en La Romana, a pesar de tener su acta de nacimiento dominicana.
Foto: Lorena Espinoza. Fuente: Amnistía Internacional.
Parecería que se ha institucionalizado la hipocresía y el doble discurso. Un gobierno que se proclama cristiano y “pro-vida”, pero atenta contra las vidas de las mujeres y sus criaturas, guiado por el odio hacia su origen nacional y el color de su piel. ¿Dónde están las iglesias, los “progresistas”, las feministas, las personas justas y honestas oponiéndose a tanta barbarie?
“Parecería que se ha institucionalizado la hipocresía y el doble discurso. Un gobierno que se proclama cristiano y “pro-vida”, pero atenta contra las vidas de las mujeres y sus criaturas, guiado por el odio hacia su origen nacional y el color de su piel.”
La semana luego del anuncio de las fatídicas quince medidas, falleció en la comunidad de Carmona una señora inmigrante haitiana con décadas viviendo en el país, porque no fue recibida en los centros de salud de Sabana Grande de Boyá ni en Monte Plata. Instigados por el discurso presidencial acerca de dar prioridad a los pacientes dominicanos por sobre los inmigrantes, los funcionarios de estos centros de salud se negaron a recibirla por carecer de documentos y agregando una supuesta falta de camas. Esa muerte debería estremecer nuestras conciencias, pues demuestra que la política racista mata.
Cuando se demuelen casas de personas humildes haitianas, también se derriban las casas de personas dominicanas negras, dejándolas en la calle. Niñas, ancianos, mujeres embarazadas haitianas están siendo detenidas, y también niños y niñas, ancianos y mujeres embarazadas dominicanas negras de las comunidades más humildes urbanas y rurales. Una señora haitiana de avanzada edad en la comunidad de Bombita, en Barahona, acudió al médico el 21 de abril y en lugar de recibir atención, fue arrestada, en aplicación del protocolo del gobierno. Hasta el momento, sus familiares no saben dónde está. Hay cientos de casos como el suyo cada semana.
Estamos ante una doble moral y un doble discurso: por un lado se proclama un Estado de derecho, por otro se violan sistemáticamente las garantías constitucionales y los derechos humanos. Se complace desde el gobierno a los grupos fascistas, ultranacionalistas y anti-derechos, quienes bajo el discurso de defender la patria promueven odio y división. Su concepto de patria es incompatible con la igualdad, la libertad, los derechos democráticos, la dignidad, en los hechos este tipo de políticas lesionan la patria y a las personas que viven en ella.
El gobierno ha emprendido una cacería contra la población migrante haitiana y las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Demuestra así su desprecio por la Constitución y las leyes, así como los preceptos cristianos que tanto le gusta enarbolar. Hacemos un llamado urgente al respeto de la dignidad de cada personas y al restablecimiento de las garantías previstas en la Constitución, que en su Artículo 38 establece:
“La dignidad del ser humano es inviolable. Se reconoce como fundamento del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado.”
Y el Artículo 7, que declara:
“La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado para la protección efectiva de los derechos de las personas.”
Concretamente, deben cesar los allanamientos sin orden judicial, las detenciones con criterio racial, la detención de grupos protegidos por la Ley de Migración, como niños y niñas, mujeres embarazadas y lactantes, personas de avanzada edad, entre otros.
Pueblo dominicano, es necesario despertar. El Estado se muestra feroz con los migrantes pobres, pero cómplice de quienes destruyen nuestros bosques, como lo que está ocurriendo con la presa de cola de Barrick Gold en Cotuí. ¿Dónde está el gobierno cuando se venden o confiscan nuestras playas, cuando se explota sexualmente a menores en zonas turísticas, cuando se destruye el medio ambiente? Esas sí son verdaderas cargas para el Estado y la sociedad, pero el gobierno las alienta otorgándoles protección e impunidad.
A los migrantes haitianos se les acusa de ser una carga, cuando en realidad son trabajadores que han construido y alimentado a este país, aportando al PIB nacional. Hay estudios que lo confirman. Aportan al desarrollo de nuestra sociedad, como lo hacen nuestros familiares dominicanos en el exterior, más de dos millones de ellos. Los emigrantes dominicanos también salieron buscando una vida digna que no han podido encontrar en nuestro país, debido a la falta de derechos económicos y sociales, por más que se diga que tenemos altos índices de desarrollo.
El Papa Francisco, a quien hoy se honra con duelo oficial, expresó:
“No sirve de nada cerrar los ojos frente a la injusticia. La dignidad del otro debe ser defendida siempre, sin distinción.”
Reflexionemos desde ese amor cristiano que predicamos. Practiquemos el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Honremos la memoria de todos los luchadores por la justicia social con acciones concretas: frenando las detenciones masivas, movilizándonos contra la arbitrariedad, el racismo y el fascismo, respetando la vida de las mujeres embarazadas, construyendo políticas justas y humanas. Escuchemos los gritos de quienes solo piden que se reconozca su dignidad.
Las vidas de las mujeres haitianas también importan.
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