Por Mercedes "Mercedita" P. Marte
7 de diciembre de 2025
El Ministerio Público arrestó a cuatro funcionarias del Instituto Leonardo Da Vinci por homicidio involuntario en la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, calificando el caso como producto de «negligencia extrema». Estos hechos ocurren días después de salir a la luz un video que expone la tragedia y el silencio.
El colegio cerró anticipadamente el año escolar cuatro días antes de lo previsto, alegando «tranquilidad de las familias», en consenso con APADAVI (La Asociación de Padres, Madres y Amigos) mientras patrullas custodiaban el plantel y padres acudían a reuniones urgentes con abogados del centro.
Los arrestos de cuatro mujeres en roles de cuidado plantea interrogantes sobre responsabilidades más amplias: ¿dónde están los propietarios, el consejo directivo y los responsables estatales de supervisión?
Stephora Anne-Mircie Joseph, estudiante haitiana de 11 años, falleció el 14 de noviembre durante una excursión a la hacienda Los Caballos en Gurabo, desencadenando una investigación que expone fallas sistémicas en la protección escolar. Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa), Gisela González (coordinadora general y asesora directiva), Francisca Josefina Tavárez Vélez (orientadora) y Vilma Altagracia Vargas Morel (coordinadora de secundaria).
Según el Ministerio Público, movilizaron 87 estudiantes con solo tres supervisoras sin verificar profundidades de piscinas, sin salvavidas, sin chalecos salvavidas y sin consultar a las familias sobre las habilidades natatorias de los menores. Un video incorporado como evidencia mostraría «negligencia extrema» en el cuidado y organización del paseo. Los hechos revelan no un accidente fortuito, sino el colapso sistemático de protocolos básicos de seguridad infantil.
Desde una perspectiva crítica, resulta significativo que las únicas detenidas sean mujeres en posiciones tradicionalmente feminizadas de cuidado educativo. Mientras la justicia debe proceder sin excepciones, surge la pregunta sobre los niveles superiores de responsabilidad: ¿quiénes diseñaron las políticas de excursiones? ¿Quiénes se beneficiaron económicamente del prestigio institucional? La Orden Departamental 09-2009 del Ministerio de Educación prohíbe excursiones a piscinas, y el colegio carecía de permisos para realizar la actividad.
El cierre anticipado fue anunciado tras una asamblea con padres el 6 de diciembre, adelantando cuatro días el fin del período escolar. Esta decisión llegó tres semanas después del incidente sin que las autoridades hayan proporcionado una reconstrucción completa de los hechos. Las pertenencias de Stephora permanecen en el colegio, y la familia denuncia falta de transparencia sobre las circunstancias exactas.
La hacienda Los Caballos fue clausurada por el Ministerio Público al confirmarse que operaba sin requisitos mínimos de seguridad: sin salvavidas profesionales, sin señalización de profundidad, sin equipos de rescate ni botiquines.
En el contexto dominicano, donde la educación privada simboliza seguridad y movilidad social, el caso Stephora desmantela esa ilusión: un colegio élite, una excursión de reconocimiento académico, y sin embargo, negligencia fatal hacia una niña racializada. Los arrestos y el cierre temporal son pasos necesarios pero insuficientes. La justicia real demandará transformación de protocolos, supervisión estatal efectiva y, fundamentalmente, reconocimiento del valor igual de cada vida estudiantil, independientemente de su origen nacional o racial.
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