Por ESENDOM
12 de diciembre de 2025
Puntos clave:
Medio Ambiente y el Poder Judicial firman convenio para titular y proteger legalmente áreas protegidas contra invasiones y fraudes inmobiliarios.
El Registro Inmobiliario trabajará con mapas oficiales para frenar ocupaciones ilegales y conflictos de tierras.
RD logra en Nairobi la primera resolución de la ONU sobre sargazo, copatrocinada por Barbados y Jamaica.
La resolución reconoce el sargazo como crisis socioeconómica y ambiental para el Gran Caribe y África Occidental.
Santo Domingo / Nairobi.— En una misma semana, la República Dominicana avanzó simultáneamente en dos frentes de su agenda ambiental: blindaje legal del patrimonio natural interno y liderazgo diplomático global.
Seguridad jurídica para áreas protegidas
El Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo del Poder Judicial firmaron un acuerdo de cooperación para cerrar las brechas que permiten invasiones, especulación inmobiliaria y titulaciones fraudulentas en zonas protegidas.
El convenio establece que Medio Ambiente entregará información consolidada sobre límites de parques nacionales, reservas científicas y zonas de amortiguamiento, además de someter expedientes de titulación bajo dominio estatal. El Poder Judicial, mediante el Registro Inmobiliario, proporcionará asistencia legal y apoyo catastral para definir perímetros, identificar terrenos estatales y habilitar consultas digitales en tiempo real.
El acuerdo —con vigencia de cuatro años— incluye cláusulas de confidencialidad que prohíben ceder o vender información a terceros, blindaje crítico ante la presión inmobiliaria sobre costas, montañas y cuencas.
«El trabajo conjunto con el Poder Judicial fortalece la transparencia, la eficiencia registral y la defensa de nuestros recursos naturales», afirmó el ministro Paíno Henríquez.
La medida responde a décadas de conflictos donde la ausencia de delimitación clara facilitó ocupaciones irregulares y enfrentamientos entre comunidades, desarrolladores y el Estado.
Victoria diplomática en Nairobi
Paralelamente, la delegación dominicana celebró en la UNEA-7 la adopción de la primera resolución de las Naciones Unidas dedicada al sargazo, liderada por la República Dominicana y copatrocinada por Barbados y Jamaica.
El texto reconoce formalmente que la llegada masiva de sargazo constituye una amenaza socioeconómica y ambiental para el Gran Caribe y África Occidental, afectando turismo, pesca, biodiversidad marina, salud pública y economías costeras. Para países como República Dominicana —donde el turismo genera el 17% del PIB— el sargazo ya no es molestia estética sino emergencia estructural.
La resolución instruye a la directora ejecutiva del PNUMA elaborar un informe exhaustivo sobre iniciativas existentes y convocar una reunión de alto nivel para articular respuesta global coordinada.
Claudia Taboada, ministra consejera y jefa de la delegación, subrayó que este logro culmina más de cuatro años de cabildeo diplomático para insertar el tema en la agenda internacional. Es la primera resolución presentada por RD ante la UNEA y el primer instrumento de ese organismo sobre sargazo.
De la retórica a la institucionalidad
Ambas iniciativas marcan transición estratégica: de gestión reactiva a arquitectura institucional permanente. El acuerdo judicial crea infraestructura legal para defender territorio; la resolución onusiana construye coalición regional para enfrentar crisis climática compartida.
Para las comunidades dominicanas, el mensaje es directo: proteger bosques, ríos, costas y mares dejó de ser consigna ambientalista para convertirse en prerrequisito de viabilidad económica nacional. La pregunta ya no es si RD debe proteger su patrimonio natural, sino si las instituciones creadas tendrán capacidad de enforcement contra intereses económicos poderosos que históricamente han capturado la gestión ambiental del país.
El verdadero «test» llegará cuando estos acuerdos enfrenten su primera prueba: una titulación fraudulenta en zona protegida de alto valor turístico, o la implementación de medidas costosas contra el sargazo que afecten márgenes de resorts. Ahí se medirá si el compromiso ambiental dominicano es política de Estado o teatro diplomático.
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