Por ESENDOM
25 de noviembre de 2025
Read in English: Paliza Defends a “New Course” Against Impunity, but the Public Demands a Real Cleanup
Paliza asegura que la República Dominicana «cambió» y que la impunidad frente al narcotráfico «dejó de ser una opción».
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anuncia auditorías internas, depuración de su padrón y una reforma a la Ley 155-17 para convertir a los partidos en «sujetos obligados» del sistema antilavado.
Desde 2020 se han registrado cifras récord de extradiciones y decomisos de drogas, lo que el Gobierno presenta como prueba de un cambio institucional.
Organizaciones de la sociedad civil recuerdan que durante años los partidos, incluido el oficialismo, toleraron la infiltración del narco en la política dominicana.
Paliza llama a políticos vinculados al crimen organizado, de cualquier partido, a entregarse: «tarde o temprano caerán».
Santo Domingo, República Dominicana – En medio de la indignación ciudadana por escándalos que vinculan a dirigentes políticos con redes de narcotráfico, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, afirmó que el país vive «un momento de transformación institucional» donde la impunidad dejó de ser opción.
En una alocución difundida por diversos medios, Paliza reconoció el cansancio de la población ante los casos que tocan al oficialismo, pero insistió en que la exposición pública de expedientes, arrestos y extradiciones demuestra un Ministerio Público más fuerte e independiente, respaldado —según dijo— por un presidente que no interviene en la justicia.
El dirigente oficialista recordó que desde 2020 se han producido más de 350 extradiciones de personas vinculadas al narcotráfico y decomisos de drogas que superan lo incautado en los 16 años previos combinados, cifras que el Gobierno presenta como evidencia de cambio en cómo el Estado enfrenta el crimen organizado. Para la comunidad dominicana, habituada a ver cómo narcos criollos son perseguidos en tribunales estadounidenses mientras en casa reinaba el silencio, estos números generan esperanza y escepticismo.
Depuración interna y reforma legal
Paliza admitió que personas de distintos partidos ingresaron al PRM «en procura de impunidad», pero aseguró que «se equivocaron de sitio» y que los casos recientes fueron sancionados con suspensiones y expulsiones. El partido reforzará auditorías internas, revisará expedientes de dirigentes y militantes, y propondrá modificar la Ley 155-17 para que los partidos políticos sean considerados «sujetos obligados» del sistema antilavado, obligados a reportar operaciones sospechosas y verificar el origen de fondos y candidaturas, como ya ocurre con bancos y otras entidades reguladas.
Este giro busca responder a una crítica histórica: durante décadas, las organizaciones políticas —sin importar color— abrieron sus puertas a financiamiento opaco y figuras ligadas al lavado y tráfico de drogas, a cambio de votos y músculo territorial. La presión internacional, especialmente estadounidense, y la vigilancia de la opinión pública han elevado el costo político de mirar hacia otro lado.
Un tema país, dentro y fuera de la isla
Paliza advirtió que «surgirán más casos» porque el narcotráfico es «un cáncer» y porque ahora, sostiene, se investiga de verdad. Hizo un llamado directo a políticos vinculados a actividades ilícitas, del PRM o cualquier organización, a entregarse voluntariamente, asegurando que «ningún partido ni líder podrá protegerlos» y que «tarde o temprano caerán».
Para la comunidad dominicana en el exterior —desde El Bronx hasta Madrid— el mensaje llega en momento clave: muchos han visto cómo figuras locales con fama de «empresarios exitosos» terminan esposadas en aeropuertos internacionales o mencionadas en expedientes federales. La pregunta que se hacen, dentro y fuera del país, es si esta vez la clase política está dispuesta a romper definitivamente con el narco.
El Gobierno y el PRM se presentan «del lado correcto de la historia». La ciudadanía, tanto en la isla como en el exterior, tendrá la última palabra al medir si las promesas de cero impunidad se traducen en cambios reales o se quedan, una vez más, en discurso bien ensayado para tiempos de crisis.
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