El caso Coral y Coral 5G marca un precedente en la justicia dominicana: los condenados deberán pagar RD$5,000 millones al Estado por daños patrimoniales, institucionales, reputacionales y morales.
Por ESENDOM
16 de junio de 2026
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.
La decisión reconoce daños patrimoniales, institucionales, reputacionales y morales causados por la red de corrupción.
Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza fueron condenados a 20 años de prisión.
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público calificó la sentencia como histórica y ejemplar.
La lectura íntegra de la sentencia está pautada para el 14 de agosto.
Santo Domingo. El caso Coral y Coral 5G dejó este martes una de las decisiones judiciales más fuertes contra la corrupción administrativa en la República Dominicana. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó que los condenados paguen RD$5,000 millones al Estado como indemnización por los daños causados desde estructuras militares y de seguridad pública.
La sentencia alcanza a exaltos mandos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), instituciones sensibles por su vínculo con la seguridad del poder Ejecutivo y con uno de los pilares de la economía nacional: el turismo.
Entre los principales condenados figuran el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del CUSEP; el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del CESTUR; y el coronel Rafael Núñez de Aza, todos con penas de 20 años de prisión. Otros imputados también fueron condenados dentro del proceso.
El Ministerio Público había reclamado una reparación civil superior a RD$20,000 millones, pero el tribunal acogió parcialmente la demanda y fijó el monto en RD$5,000 millones. Aun así, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) sostuvo que se trata de la indemnización más alta otorgada a favor de una víctima en un caso de corrupción pública en el país.
José Alberto Ortiz, del ERPP, calificó la decisión como «significativa, ejemplar y, sobre todo, histórica», y subrayó que por primera vez una cúpula militar activa al momento de los hechos recibe condena por actos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
El punto clave no es solo la cárcel, sino el reconocimiento del Estado como víctima directa. Según el ERPP, el tribunal reconoció daños al patrimonio público, a la imagen institucional del país, a la Presidencia de la República y al turismo dominicano a través de la Policía Turística.
En un país donde tantos casos de corrupción terminan en titulares, aplazamientos y frustración ciudadana, la decisión manda una señal distinta: robarle al Estado tiene consecuencias penales y también económicas.
Lo decisivo ahora será la ejecución. Los RD$5,000 millones no pueden quedar como una cifra simbólica: si el dinero se recupera, debe traducirse en servicios, obras, fortalecimiento institucional y garantías reales de no repetición.
El ERPP adelantó que dará seguimiento a las próximas etapas, incluidas posibles apelaciones y las acciones para hacer efectiva la indemnización. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 14 de agosto, fecha en que se conocerán los fundamentos completos de un fallo que ya marca precedente en la justicia dominicana.
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