Por redacción ESENDOM
16 de diciembre de 2025
Puntos clave:
• República Dominicana expuso el 10 de diciembre de 2025 en la OEA su experiencia usando drones del Sistema 911 en incendios, búsqueda de desaparecidos y desastres
• IDAC presentó avances regulatorios para uso seguro de estas aeronaves
• Debate regional incluyó gobernanza, gestión de riesgos y protección de datos, reconociendo riesgos de vigilancia sin controles adecuados
• El uso institucional de drones en RD exige reglas de privacidad, transparencia y auditoría para sostener confianza pública
Drones para salvar vidas, drones para vigilar: el dilema dominicano que llega a la OEA
Santo Domingo / Washington (virtual). República Dominicana presentó ante la OEA una paradoja tecnológica contemporánea: la misma herramienta capaz de salvar vidas puede convertirse en instrumento de control. Este fue el trasfondo del conversatorio internacional «De herramienta útil a recurso esencial: el uso de drones en la atención a emergencias», celebrado virtualmente el 10 de diciembre de 2025 y organizado por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la OEA.
El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 participó como presidente del Grupo Técnico Subsidiario sobre Sistemas de Emergencia y Seguridad (GTS-SES), posicionando al país como referente regional en coordinación de buenas prácticas. El director ejecutivo del 911, coronel Randolfo Rijo Gómez (ERD), planteó que el dron ha dejado de ser complemento para convertirse en recurso esencial cuando hay vidas en riesgo. Karen Bozicovich, de la Sección de Información y Conocimiento del DSP/OEA, moderó el evento, enfatizando que el debate trasciende lo tecnológico hacia la política pública y la gobernanza.
La promesa humanitaria: ganar minutos para salvar vidas
En un país expuesto a ciclones, inundaciones, incendios urbanos y accidentes viales, la respuesta a emergencias se mide en minutos. Los drones ofrecen visión inmediata del terreno: un mapa vivo antes, durante y después de la llegada de equipos de primera respuesta.
En el panel operativo, representantes del 911 presentaron aplicaciones concretas en incendios, búsqueda de desaparecidos y desastres naturales, documentadas mediante video de operaciones reales. La utilidad práctica es clara: confirmar la propagación de fuegos, orientar el ingreso seguro de unidades, identificar rutas bloqueadas o localizar señales en áreas inaccesibles, sin exponer innecesariamente a rescatistas.
Esta dimensión humanitaria tiene valor político y ético: reduce la improvisación y fortalece la capacidad estatal de respuesta oportuna. No sustituye a bomberos, médicos o a la defensa civil; los protege mediante información crítica para decisiones. En octubre de 2025, comunicaciones oficiales señalaron que la Unidad de Drones del 911 se preparaba para apoyar operaciones de asistencia ante eventos críticos.
Esta es la faceta luminosa: drones como extensión de la solidaridad pública, humanizando la respuesta estatal. Aquí el «para qué» está definido: salvar vidas.
La otra cara: del rescate a la vigilancia
El mismo atributo que hace útil al dron en emergencias —observar desde el aire, registrar, seguir movimientos y transmitir información— despierta preocupación ciudadana: ¿dónde termina la emergencia y dónde comienza la vigilancia?
El conversatorio abordó este debate desde el diseño institucional. El panel de gobernanza incluyó procedimientos internos, gestión de riesgos, sostenibilidad y protección de datos, reconociendo que la tecnología poderosa exige controles. La pregunta para el contexto dominicano es directa: ¿qué garantías existen de que el dron que hoy busca desaparecidos mañana no monitoree protestas, vigile barrios o recolecte información sin estándares claros?
El riesgo es la deriva de misión (mission creep): una herramienta creada con propósito legítimo que gradualmente se extiende a usos no previstos por falta de límites.
El debate sobre drones conecta con dos ejes normativos en República Dominicana:
1. Regulación aeronáutica: el IDAC ha emitido disposiciones para regular el uso de drones, incluyendo operaciones institucionales del Estado enfocadas en seguridad
2. Protección de datos: la Ley 172-13 establece marco de protección integral de datos personales para evitar afectaciones al honor e intimidad
El desafío está en la intersección: un dron no solo vuela; capta datos (video, imágenes, ubicaciones, patrones de movimiento). Donde hay datos, hay poder. Un Estado moderno puede usar ese poder para cuidar o para controlar.
Implicaciones para RD: reglas, transparencia y confianza
Para que el dron se consolide como símbolo de rescate y no de vigilancia, se requieren compromisos verificables:
Finalidad estricta y pública: normas que definan cuándo se activa un dron, quién lo autoriza y con qué objetivos medibles
Minimización y retención de datos: protocolos sobre qué se graba, cuánto se guarda, quién accede, por cuánto tiempo y qué se elimina
Auditoría y trazabilidad: bitácoras de vuelo, registros de acceso, revisiones internas y control judicial cuando corresponda
Transparencia proactiva: reportes periódicos con estadísticas de uso (protegiendo datos sensibles): número de vuelos, tipos de eventos, resultados, protocolos de privacidad aplicados
Capacitación ética: formar no solo en operación técnica, sino en criterios de derechos
Estas medidas son la infraestructura moral de la tecnología pública. Sin ellas, incluso programas eficaces pierden legitimidad y enfrentan rechazo social.
Conclusión: tecnología con alma o tecnología sin freno
La presentación en la OEA confirma que República Dominicana impulsa la modernización con potencial real para salvar vidas. Pero el salto tecnológico solo se convierte en progreso si se acompaña de un salto institucional: reglas, controles, cultura de privacidad y rendición de cuentas.
Los drones pueden ser el ojo que encuentra al perdido en el monte o el ojo que incomoda en la calle. La diferencia no la hace la tecnología: la hace el marco democrático que la gobierna. En esa elección —rescatar con humanidad o vigilar sin límites— se define parte importante del Estado dominicano del futuro.
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