Por: Andry Álvarez
26 de noviembre, 2009
SANTO DOMINGO - Han pasado ya más de un mes desde que los encargados de adherir sentido a la ya muchas veces estropeada Constitución Dominicana aprobaron el cambio a la ley -"derecho a la propiedad privada" alrededor de ríos, playas y otras.
Los miembros de la asamblea revisora atendieron al pedido de los patrones financieros del turismo dominicano y a un pacto previo entre principales líderes políticos de la nación, el presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado.
La propuesta siendo aprobada con 140 votos a favor y 25 en contra.
"Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada", reza el artículo.
La ley actual, que no tiene categoría constitucional, sólo estipula que las playas son de dominio público y los ciudadanos tienen libre acceso mientras se respete la propiedad pública.
La polémica se da por el derecho que deben tener los ciudadanos a transitar por las áreas marítimas, como lo establece la ley previa (1968).
República Dominicana tiene 1.576 kilómetros de litoral de los cuales sólo 432 son de playas, pero de estos últimos los que son actualmente ocupados por los proyectos turísticos no pasan de 100. Esta nueva ley muestra una garantía de que estos números cambien drásticamente.
Organizaciones comunitarias que antes se manifestaron en contra de que se consignara el derecho a la propiedad privada, hoy en día guardan silencio después de haber sido ignorados y avergonzados con la aprobación de la ley, pese a sus reclamos de constitucionalidad y compostura.
"Según los defensores, la garantía a la propiedad privada incentiva las inversiones para el sector turístico, el más importante y dinámico de la economía dominicana, con aportes al fisco de entre el 8 y el 9%, y es el principal generador de divisas del país, seguido por las remesas y las zonas francas de comercio".
-Me parece: muy perjudicial, iniciar una política de cambio que nos permita reestructurar la constitución, en vías de beneficiar los negocios más impropios de la republica y al mismo tiempo perjudicar las libertades del ciudadano dominicano.