Por ESENDOM
16 de junio de 2025
Read in English: Caught in the Crossfire: Dominican Communities Under ICE's Shadow
En el corazón de los barrios dominicanos, la aplicación de la ley migratoria genera cambios e incertidumbre
La puerta de Doña María en Washington Heights ya no se abre como antes. Donde antes las risas de los niños llenaban las calles y la bachata se escuchaba desde las ventanas de los apartamentos, ahora reina un silencio pesado. Las conversaciones son discretas, las miradas cautelosas: muchos esperan, atentos, noticias sobre «ICE».
En los barrios dominicanos de Estados Unidos y sus territorios, la aplicación de la ley migratoria se ha convertido en una realidad central. Para algunos, es motivo de preocupación; para otros, es una parte necesaria del cumplimiento de la ley. Lo que sí es claro es que el impacto emocional y social se siente profundamente en comunidades con lazos duraderos tanto con EE.UU. como con la República Dominicana.
Puerto Rico: una comunidad en alerta
En el Barrio Obrero de San Juan, un vecindario históricamente dominicano, los ritmos cotidianos han cambiado. Los negocios locales reciben menos clientes. La asistencia a las iglesias ha disminuido. Los residentes afirman que la sensación de normalidad que una vez definía el área se ha visto alterada.
«Ahora tenemos que llevar nuestros documentos migratorios todo el tiempo porque uno nunca sabe cuándo lo pueden detener», dijo Digna Gómez, una residente legal entrevistada por NPR. Describió un vecindario donde la aplicación de la ley ya es parte de la vida diaria.
Su vecino, Juan Vega Paredes—apodado «el hombre de los aguacates»—fue detenido a principios de este año. Aunque no tenía antecedentes penales y estaba casado con una ciudadana estadounidense, no tenía estatus legal. Llegó a Puerto Rico en 2021 en una yola y desde entonces ha trabajado en la construcción. Su caso ilustra los desafíos que enfrentan muchos: personas que pueden no representar una amenaza pero siguen siendo vulnerables por su estatus migratorio.
ICE informa que el 75% de las personas arrestadas en Puerto Rico desde 2021 han sido ciudadanos dominicanos.
Complejidades legales: cuando el proceso y la política chocan
Los cambios recientes en la estrategia de aplicación de las leyes migratorias han generado tanto apoyo como críticas. Un cambio notable implica arrestar a individuos poco después de que sus casos sean desestimados en tribunales de inmigración. Aunque la intención es mejorar la eficiencia y reducir el rezago de casos, los defensores argumentan que esto crea confusión e incertidumbre legal, especialmente para quienes intentan seguir los canales formales del sistema.
Abogados de inmigración en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami ahora aconsejan a sus clientes prepararse para todos los escenarios, incluida la detención al asistir a audiencias. El gobierno de EE.UU. ha defendido estas acciones como legales y acordes con su deber de hacer cumplir las leyes migratorias.
Respuesta consular: atender necesidades en tiempo real
En respuesta a estos desarrollos, los consulados dominicanos—especialmente en las principales ciudades—han aumentado su actividad. En Los Ángeles, el cónsul Alfonso Rodríguez informó que no se han confirmado casos de detenciones de dominicanos en operativos recientes, lo que atribuyó en parte al alto número de residentes legales de larga data en la zona.
Aun así, expresó preocupación por incidentes aislados de perfilamiento racial, en particular contra personas que no dominan el inglés. El consulado ha establecido una línea telefónica de emergencia disponible las 24 horas para asistir a familias que buscan información o ayuda.
Una realidad nacional
Más allá de Puerto Rico y Washington Heights, los efectos de estas medidas se sienten en comunidades dominicanas por todo el país. Aunque las protestas públicas y las campañas de defensa han llamado la atención sobre el impacto emocional de las políticas migratorias, muchos residentes siguen navegando con discreción un panorama de incertidumbre.
Las familias a menudo son separadas. Las personas enfrentan decisiones difíciles entre presentarse voluntariamente o evitar los sistemas públicos por completo. Los niños se preguntan si sus padres estarán en casa al volver de la escuela. Con o sin estatus legal, el miedo a la mala comunicación, una identificación errónea o la deportación repentina es muy real.
El regreso al país: desafíos de integración en la República Dominicana
Las consecuencias de estas políticas también repercuten en la isla. La República Dominicana se ha convertido en uno de los principales destinos de los vuelos de deportación de ICE. Solo el 10 de junio, 88 ciudadanos dominicanos fueron repatriados—muchos tras cumplir condenas penales o enfrentar violaciones a las leyes migratorias.
Estos deportados a menudo llegan sin redes de apoyo, sin empleo ni vivienda. Si bien algunos estuvieron involucrados en delitos graves, otros han vivido en EE.UU. desde su infancia y se sienten desconectados de su país de origen.
Para el gobierno dominicano y la sociedad civil, esto plantea desafíos crecientes en torno a la reintegración. Las comunidades deben adaptarse para acoger a personas que pueden hablar poco español, carecen de documentación local o enfrentan estigma por su estatus de deportados.
Conclusión: entre la aplicación de la ley y el desplazamiento
La actual ola de deportaciones que afecta a ciudadanos dominicanos refleja una realidad más amplia sobre la aplicación de las leyes migratorias: muchas personas están siendo expulsadas de Estados Unidos por no tener estatus legal o tras cumplir sentencias penales. Aunque los países tienen derecho a hacer cumplir sus leyes y proteger la seguridad pública, los efectos de estas políticas no son uniformes—y en algunos casos, generan consecuencias profundas no previstas.
Muchos de los deportados hoy salieron de la República Dominicana siendo niños, crecieron en comunidades estadounidenses y construyeron vidas moldeadas por la cultura y normas de ese país. Para ellos, regresar a la República Dominicana no es un regreso a casa—es una reubicación desconcertante a un país que apenas conocen, a menudo sin redes de apoyo, empleo o recursos para reintegrarse.
Esta desconexión crea desafíos persistentes, no solo para los individuos, sino también para la sociedad dominicana, que debe recibir a una población dominicana por nacimiento pero extranjera en experiencia. En medio de sus propios desafíos económicos y sociales, la reintegración de los deportados sigue siendo una preocupación creciente.
En última instancia, cualquier conversación significativa sobre migración debe reconocer la complejidad de estos casos. La aplicación de la ley por sí sola no responde a las preguntas más profundas sobre identidad, pertenencia y reintegración social. El reto futuro no solo radica en decidir quién se queda o quién se va, sino en comprender qué ocurre después—y a quién le corresponde asumir esa responsabilidad.
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