Por **Panocho Pechocho **
17 de junio de 2026
SANTO DOMINGO. — En un hecho que sorprendió a todos los ciudadanos acostumbrados a ver los casos de corrupción pasar más tiempo en los tribunales que un motoconcho en una esquina, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó que los condenados del caso Coral y Coral 5G paguen RD$5,000 millones al Estado dominicano.
Sí, usted leyó bien: cinco mil millones de pesos. Una cifra tan grande que, al escucharla, varios funcionarios revisaron discretamente sus bolsillos, sus cuentas offshore imaginarias y hasta el baúl de la yipeta.
La sentencia reconoce daños patrimoniales, institucionales, reputacionales y morales causados por la red de corrupción. En otras palabras: no solo se llevaron los cuartos, sino que también dejaron al Estado con vergüenza ajena, la moral en el piso y la reputación pidiendo una tacita de tilo.
Entre los principales condenados figuran el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del CUSEP; el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del CESTUR; y el coronel Rafael Núñez de Aza, todos condenados a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos. También fueron condenados Rossy Guzmán Sánchez y Julio Camilo de los Santos Viola a 15 años, mientras que Raúl Alejandro Girón recibió cinco años, ya cumplidos durante el proceso.
El Ministerio Público había pedido más de RD$20,000 millones, pero el tribunal decidió dejarlo en RD$5,000 millones, aparentemente porque hasta la calculadora judicial pidió descanso. Aun así, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público calificó la indemnización como la más alta otorgada a favor del Estado en un caso de corrupción pública en República Dominicana.
José Alberto Ortiz, del ERPP, dijo que la sentencia es «significativa, ejemplar y, sobre todo, histórica». Y tiene razón. Histórica porque en este país lograr que un caso de corrupción no termine convertido en novela turca ya merece placa, banda presidencial y desfile por el Malecón.
El fallo también establece algo que suena obvio, pero que en la política dominicana parece materia electiva: el Estado fue víctima. No fue «un manejo irregular», no fue «un error administrativo», no fue «una confusión contable con vocación patriótica». Fue daño al patrimonio público, a la imagen institucional, a la Presidencia y al turismo dominicano.
Ahora bien, el punto clave no es anunciar RD$5,000 millones con voz grave y cara de solemnidad. El punto clave es cobrarlos. Porque en República Dominicana una cosa es condenar, otra cosa es ejecutar, y otra muy distinta es encontrar el dinero después que pasó por más manos que una funda de pan en colmado.
La ciudadanía, mientras tanto, observa con prudente esperanza. No demasiada, porque ya el dominicano aprendió que la justicia puede arrancar como Ferrari y terminar como carro público subiendo la Churchill con el aire dañado.
La lectura íntegra de la sentencia está pautada para el 14 de agosto. Ese día se conocerán los fundamentos completos de un fallo que ya marca precedente. Hasta entonces, queda una pregunta nacional flotando en el aire:
¿Los RD$5,000 millones volverán al Estado o también están «en proceso de apelación»?