Por ESENDOM
7 de agosto de 2026
A mediados de 2024 vivían en Estados Unidos unos 15.8 millones de inmigrantes no autorizados, según el Migration Policy Institute (MPI), tras diez años estancados alrededor de los 11 millones.
Los caribeños pasaron de 418,000 a 885,000 entre 2019 y 2024. Entre 2010 y 2024, su peso dentro del total se duplicó hasta el 6 %.
El informe no desglosa a los dominicanos, pero el perfil por país del propio MPI estimaba unos 164,000 sin autorización en 2019. El alza caribeña responde a programas que excluían a República Dominicana.
Un tope de 6.3 millones —el 40 % como máximo— contaba con alguna protección temporal: TPS, DACA, parole o asilo en trámite. Buena parte de esas protecciones ya no existe.
México continúa a la cabeza, aunque su peso bajó del 62 % en 2010 al 35 % en 2024.
Una porción del aumento se explica por un ajuste metodológico del propio MPI, no solo por nuevas llegadas.
Nueva York — Unos 15.8 millones de personas vivían sin autorización migratoria en Estados Unidos a mediados de 2024, el nivel más alto jamás registrado. Así lo estima el Migration Policy Institute (MPI) en un análisis divulgado el 29 de julio y firmado por Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Jennifer Van Hook, que documenta además un cambio de fondo en la procedencia de esa población.
La cifra llevaba una década anclada cerca de los 11 millones: quienes entraban quedaban compensados por quienes morían, se marchaban o regularizaban su situación. Ese equilibrio se rompió entre 2019 y 2024, cuando el total sumó cerca de cinco millones de personas a un ritmo promedio del 8 % anual. Detrás del salto hay tres motores: un volumen inédito de llegadas a la frontera, el desplazamiento masivo de personas en países de todo el continente americano y la ampliación de los programas de parole humanitario durante el gobierno de Joe Biden.
Ahora bien, no todo ese aumento corresponde a migración reciente. El MPI modificó su metodología para compensar el subconteo de recién llegados en las encuestas censales y elevó sus estimaciones de 2021 a 2023; hoy sitúa la población de mediados de 2023 en 14.7 millones. Cada institución llega además a un número propio: para ese mismo 2023, el Pew Research Center calculó 14 millones. Se trata de estimaciones, no de un conteo directo.
El dato que toca al Caribe
Lo que más interesa a las comunidades caribeñas aparece en el desglose por región. Según el MPI, los caribeños sin autorización migratoria pasaron de unos 418,000 en 2019 a 885,000 en 2024: 467,000 personas más. Si se toma un lapso mayor, de 2010 a 2024, su peso dentro del total se duplicó hasta situarse alrededor del 6 %.
¿Y los dominicanos? El informe no los desglosa: quedan diluidos en un bloque caribeño de 885,000 personas, junto a cubanos, haitianos y jamaiquinos. La única referencia disponible está en el perfil por país que mantiene el propio MPI, que calculaba unos 164,000 dominicanos sin autorización migratoria en 2019 —cerca del 1 % del total nacional y alrededor de dos quintas partes del bloque caribeño de ese año—. Lo que vino después no los tuvo como protagonistas: el crecimiento caribeño entre 2019 y 2024 lo empujaron los programas de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que dejaban fuera a República Dominicana. La mayoría de los dominicanos en Estados Unidos reside legalmente, casi siempre por vía de reunificación familiar, y apenas 1,440 figuraban como beneficiarios de DACA en marzo de 2024. El repunte caribeño que documenta el informe, en suma, no es un repunte dominicano.
Una etiqueta que engaña
Bajo el rótulo de "no autorizado" caben realidades bastante distintas, advierte el propio instituto. A mediados de 2024, hasta 6.3 millones de personas —el 40 % como techo— tenían alguna figura temporal o "liminal": 2.9 millones esperaban respuesta a una solicitud de asilo, 1.45 millones habían recibido parole, 1.1 millones tenían TPS, 535,000 estaban amparados por DACA y 329,000 contaban con acción diferida por visa U o SIJS. Como una misma persona podía acumular varias de esas figuras a la vez, el MPI aclara que el número efectivo era con toda probabilidad bastante inferior.
El instituto admite que "no autorizado" describe mal a quien recibió del propio gobierno un permiso de estadía temporal. Los contabiliza igual, porque ninguna de esas figuras constituye un estatus duradero y todas pueden retirarse. De hecho, ya se retiraron muchas: desde 2025, la administración de Donald Trump canceló programas de TPS, revocó el parole a varios grupos y endureció los criterios de asilo.
¿Se acerca el descenso?
El máximo histórico corresponde a mediados de 2024 y no describe la foto actual. El MPI estima que a lo largo de 2025 la población no autorizada bajó o se mantuvo más o menos igual, en un contexto de frontera calmada y de cruces irregulares en mínimos que no se registraban desde los años setenta.
De cara a 2026, el instituto mide sus palabras: el descenso llegará únicamente si el gobierno consigue elevar de forma sustancial el ritmo de deportaciones y los ingresos permanecen en niveles bajos. Nada de eso está garantizado. Deportar consume recursos enormes y depende de que otros países cooperen; a ello se suma que casi todos los que perdieron su protección conservan el derecho a comparecer ante un juez de inmigración, y algunos todavía podrían obtener asilo u otra forma de amparo.
Después de un lustro de expansión acelerada, ese eventual cambio de rumbo vuelve a colocar la política migratoria en el centro de la conversación para millones de familias inmigrantes y para las comunidades caribeñas del país.