Datos Claves:
La Fiscalía española investiga denuncias por presunto acoso laboral y agresiones sexuales contra el cantante
Una de las denunciantes es dominicana y los hechos habrían ocurrido, en parte, en Punta Cana
Vecinos y trabajadores de la zona reaccionan con sorpresa y desconcierto
El movimiento feminista dominicano exige una investigación profunda y sin privilegios
Por Nelson Santana
15 de enero de 2026
Punta Cana volvió a los titulares internacionales por las graves denuncias presentadas en España contra Julio Iglesias, ícono musical y ciudadano dominicano por naturalización. Dos exempleadas —una dominicana— acusan al artista de acoso laboral y agresiones sexuales ocurridas durante años en varias de sus propiedades, incluida su residencia en el este dominicano.
La información, revelada por investigación conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias, ha circulado ampliamente en medios dominicanos. En Punta Cana, donde Iglesias posee una mansión de acceso privado, la reacción inicial fue de sorpresa. Algunos residentes desconocían las denuncias; otros reconocieron el impacto del caso en una comunidad que históricamente ha vinculado al artista con el desarrollo temprano de la zona.
Jhonny Atiles, quien afirmó haber trabajado en la construcción de la residencia, destacó a EFE la influencia de Iglesias y empresarios como Frank Rainieri en el crecimiento de Punta Cana. Otros vecinos consideran el caso «un problema fuerte» que «ojalá se resuelva», aunque insisten en separar la figura artística de las acusaciones bajo investigación judicial.
Las denunciantes describen un entorno laboral caracterizado por abusos de poder, humillaciones y violencia, según testimonios recogidos en la investigación periodística. Una de ellas calificó la residencia de Punta Cana como «la casita del terror», relatando un ambiente de control, intimidación y vejaciones constantes. Ambas trabajaron en funciones de cuidado y salud en el entorno privado del cantante.
Los testimonios fueron corroborados con documentación laboral y entrevistas a profesionales que atendieron las secuelas físicas y emocionales de las denunciantes, quienes describen agresiones sexuales, tocamientos no consentidos y humillaciones sistemáticas.
Este miércoles se confirmó que la Fiscalía española tomará declaración a ambas mujeres. La denuncia fue presentada por abogadas de Women's Link, organización que acompaña a las víctimas con el objetivo —según indicaron— de que «ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos».
Desde República Dominicana, organizaciones feministas reaccionaron con firmeza. Natalia Mármol, del Foro Feminista Magaly Pineda, señaló que «el silencio no es una elección, es una estrategia de supervivencia», y demandó una investigación exhaustiva. «Acabar con la normalización de la violencia sexual empieza por demostrar que nadie, absolutamente nadie, es intocable», afirmó.
El caso reabre un debate necesario en la sociedad dominicana: cómo se gestionan las denuncias cuando involucran a figuras públicas con poder económico, prestigio internacional y vínculos históricos con el país. Iglesias, quien ha expresado reiteradamente su aprecio por República Dominicana, mantiene inversiones en el territorio y obtuvo la nacionalidad dominicana hace años, aunque su presencia ha disminuido tras la pandemia.
El cantante respondió a través de la revista Hola, asegurando que «todo se va a aclarar» y que prepara su defensa, mientras su entorno niega «totalmente los hechos». El proceso judicial apenas comienza, pero el impacto ya es considerable: incluso en escenarios de lujo y fama, las relaciones de poder siguen siendo un tema pendiente de rendición de cuentas.