Por ESENDOM
29 de agosto de 2025
Puntos clave:
Un tribunal condenó a nueve personas, incluido un exfiscal, a penas de entre 6 y 10 años de prisión.
El grupo borró más de 8,000 antecedentes penales, incluyendo a violadores convictos, sicarios y acusados de narcotráfico.
La red operaba desde 2017 con apoyo de empleados públicos y una empresa tecnológica.
El caso, denominado Operación Gavilán, destapó fallas graves en el sistema de justicia dominicano.
Santo Domingo. La justicia dominicana sentenció ayer a una de las redes criminales más escandalosas de la década. Nueve personas, encabezadas por el exfiscal Luis Peña Cedeño, fueron condenadas a penas de seis a diez años de prisión por orquestar un esquema que borró los antecedentes penales de miles de ciudadanos, incluidos violadores, homicidas y narcotraficantes.
El mecanismo: Cédulas alteradas, historiales borrados
La jueza Keyla Pérez Santana reveló cómo operaba la estructura: alteraban números en las cédulas de identidad para que los historiales delictivos desaparecieran de los registros oficiales. Con esta manipulación, un violador convicto o un sicario quedaba limpio de antecedentes como si jamás hubiera delinquido.
La investigación determinó que al menos 8,000 registros criminales fueron eliminados. Algunos beneficiados cumplían sentencias en prisión; otros esperaban juicio por delitos graves.
Una empresa al servicio del crimen
Activa desde 2017, la red involucró exagentes policiales, empleados del Ministerio de Seguridad Pública y familiares de los acusados. Utilizaron una empresa tecnológica como fachada para manejar consultas, fijar precios y procesar pagos por sus «servicios».
La «Operación Gavilán» desmanteló el esquema en agosto de 2023, exponiendo un sistema donde la corrupción permitió a criminales comprar su impunidad.
Condenas firmes, pero interrogantes abiertas
El exfiscal Peña Cedeño recibió la pena máxima de diez años, mientras sus cómplices fueron sentenciados entre seis y ocho años por soborno, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tres de los doce imputados fueron absueltos, dejando dudas sobre la extensión real de la red.
El costo de la corrupción institucional
Este escándalo desnuda una realidad alarmante: miles de delincuentes compraron su libertad mientras la sociedad dominicana creyó que la justicia funcionaba. Violadores, homicidas y narcotraficantes caminaron libres con documentos «limpios», poniendo en riesgo la seguridad de todos.
Las preguntas son incómodas pero necesarias: ¿Cuántos otros funcionarios participaron? ¿Qué otros delitos quedaron impunes por esta manipulación? ¿Cómo garantizar que esto no se repita?
Más allá de las condenas: reformas urgentes
La sentencia es justa pero insuficiente. República Dominicana necesita reformas estructurales inmediatas:
Auditoría completa de todos los registros criminales alterados
Sistemas de verificación digital imposibles de manipular
Controles cruzados entre instituciones del sistema judicial
Sanciones ejemplares para funcionarios corruptos
La justicia no puede seguir siendo un privilegio de quien paga. Este caso debe marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción institucional, porque cuando se vende la justicia, se traiciona a todo un pueblo.