Por Panocho Pechocho
7 de mayo de 2026
Santo Domingo.– En un hecho que sorprendió a muchos ciudadanos acostumbrados a que el Estado escuche solamente después de que el pueblo grita, marcha, protesta, se indigna, hace pancartas, sube videos y convierte el tema en tendencia, el presidente Luis Abinader ordenó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en San Juan.
La decisión fue presentada como una muestra de «escucha activa», una expresión moderna que en política dominicana significa: esperar a ver si la gente se cansa primero y, si no se cansa, entonces responder con solemnidad.
«Este Gobierno escucha», dijo el mandatario, dejando claro que el Gobierno no solo tiene oídos, sino también la capacidad de usarlos cuando la presión pública alcanza niveles difíciles de ignorar. Fuentes no oficiales aseguran que en Palacio se activó una alarma institucional conocida como «se está calentando la cosa», lo que obligó a actuar con prudencia, transparencia y cálculo electoral.
El proyecto Romero, ubicado en la provincia de San Juan, había generado fuerte rechazo entre sectores comunitarios, ambientales y ciudadanos preocupados por el impacto que una explotación minera podría tener en una zona agrícola clave. Pero, como suele ocurrir en la República Dominicana, el proyecto no nació ayer. Venía caminando desde 2005, renovado en 2010, estudiado en 2015 y 2018, y evaluado bajo distintas administraciones, como esos expedientes que pasan de escritorio en escritorio hasta que un día alguien pregunta: «¿Y quién autorizó este lío?».
El presidente aclaró que, durante su gestión, el proyecto solo estaba en fase de evaluación ambiental y que no existía autorización para explotación. Es decir, según la explicación oficial, la criatura todavía no había nacido, aunque ya tenía nombre, apellido, historial, expediente, antecedentes y medio pueblo buscándole padrino.
La decisión también se apoyó en la Ley 64-00 de Medioambiente, que establece que si una población rechaza masivamente un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Una revelación jurídica que muchos ciudadanos recibieron con entusiasmo, al descubrir que, aparentemente, las leyes pueden funcionar cuando el pueblo insiste lo suficiente.
En San Juan, la noticia fue celebrada como una victoria popular. No porque la gente crea ingenuamente que el peligro desapareció para siempre, sino porque en la política dominicana toda «detención inmediata» viene con una nota invisible al pie que dice: hasta nuevo aviso, nueva coyuntura o nuevo inversionista con mejor PowerPoint.
Mientras tanto, el Gobierno ha querido vender la decisión como prueba de su sensibilidad democrática. Y algo de razón tiene: escuchó. Tarde para algunos, a tiempo para otros, pero escuchó. En un país donde muchas veces la ciudadanía tiene que convertirse en bocina, fiscal, periodista, ambientalista y abogado para que le hagan caso, cualquier gesto de atención institucional parece casi revolucionario.
La gran pregunta ahora es si esta «escucha activa» será una política permanente o solo una respuesta de emergencia cuando el costo político de no escuchar se vuelve más caro que cancelar el proyecto.
Por ahora, el mensaje oficial es claro: el Gobierno escucha al pueblo.
Sobre todo cuando el pueblo habla duro.